DEMOCRACIA TAMBIÉN ES EL DERECHO A DECIDIR SOBRE EL MODELO DE DESARROLLO Y EL DESTINO DE NUESTROS TERRITORIOS
lunes, 7 de abril de 2014
No a la criminalización mediática y judicial de líderes sociales y
defensores de derechos humanos
Nuestra precaria democracia se ve amenazada por la criminalización de la protesta social, que ha traído consigo violaciones a los derechos de ciudadanos y ciudadanas peruanas. No se admite la discusión y menos aún la participación de la ciudadanía en la definición del modelo de desarrollo que impacta nuestras vidas, nuestros territorios y nuestros bienes públicos. Al mismo tiempo, asistimos a una importante concentración y recentralización del poder político, económico y mediático y se pretende responsabilizar a la ciudadanía movilizada de lo que más bien ha sido originado por la ausencia de políticas públicas adecuadas, por la flexibilización de los mecanismos de regulación ambiental a las industrias extractivas, por el uso de formas tramposas para imponer la licencia social, y por la ausencia de planificación territorial y mecanismos democráticos a través de los cuales la población delibere y se exprese para que no se generen conflictos.
En las últimas semanas ha arreciado una campaña mediática que pretende responsabilizar de una serie de absurdos a quienes discrepan con la imposición de este modelo de desarrollo y plantean alternativas. Se les acusa de "azuzar" a la población para oponerse a determinados proyectos extractivos y fomentar la criminalidad.
A todo el que organice su voz disidente se le mezcla en una misma bolsa con el Movadef, los seudo sindicatos extorsionadores de construcción civil y con la minería ilegal, escondiendo el hecho que históricamente los activistas, líderes y militantes de izquierda movilizados siempre han enfrentado al senderismo, son víctimas de la mafia seudosindical y que la minería ilegal obtiene grandes ganancias debido a sus relaciones con la empresas mineras formales.
La ofensiva también va contra los gobiernos descentralizados, muchos de los cuales, con defectos y virtudes, han contenido la conflictividad social y respondido a muchas de las demandas de las poblaciones a las que se deben. No solo se trata de los recortes del canon que no terminan de ser transparentes, sino además de la discrecionalidad con que hace uso de dichas medidas el Ministerio de Economía y Finanzas, con la intención clarísima de debilitar a los gobiernos subnacionales y locales en vez de fortalecer sus competencias. A ello se debe agregar la privatización de los ingresos por las actividades extractivas, así como la privatización de las obligaciones del Estado, a través de impuestos por obras que son dadas como dádivas por las empresas, o la poca transparencia en las alianzas público-privadas.
En este panorama, nuestro compromiso consiste en promover el debate y la implementación de herramientas y políticas que permitan superar el desorden y la conflictividad, tales como el ordenamiento territorial, la consulta previa acorde a estándares internacionales, la fiscalización ambiental rigurosa y otros, y construir colectivamente una alternativa a este modelo de desarrollo y a este régimen político.
Expresamos nuestra solidaridad con quienes resisten día a día la imposición de este modelo de desarrollo de forma organizada, desde los territorios a los que han dado forma con su trabajo y su cultura, y de cuya naturaleza se han nutrido. Levantamos el ejemplo de los ronderos y organizaciones cajamarquinas, del pueblo de Espinar y sus federaciones campesinas, de las federaciones indígenas del Tigre, Pastaza y Corrientes, de los Apus del pueblo Achuar y su lucha por el territorio integral, de los agricultores de Islay que defienden sus fuentes de agua, de los pobladores de Morococha, del pueblo de Paramonga que lucha contra la contaminación industrial, de las comunidades de Cañaris, de los pueblos awajun y wampis y tantos otros ejemplos de dignidad y resistencia.
12 de febrero, 2014
