Comunicados Tierra y Libertad

El día de ayer, martes 3 de febrero, el cuerpo de seguridad privado de Minera Yanacocha ingresó ilegalmente a los terrenos de Máxima Acuña para destruir su vivienda. La Sra. Acuña actualmente es la legal posesionaria de 25 hectáreas de tierra en el predio Tragadero Grande, hecho que ha sido ratificado por la sentencia de la Segunda Sala Judicial de Apelaciones de Cajamarca. A pesar de eso, la minera Yanacocha alegando “defensa posesoria” ha actuado de modo unilateral, arbitraria y en complicidad de la propia Policía Nacional del Perú que observaba cómo la minera destruía los cimientos y muros de la nueva construcción de vivienda de la familia Acuña Chaupe. El alegato de “defensa posesoria” es improcedente debido a que la minera Yanacocha no mantiene posesión del predio por lo que ha configurado el delito de daños a la propiedad, así como la Policía ha incurrido en complicidad al estar allí presenciando el abuso sin presencia de fiscal ni mandato judicial alguno. La policía actúa así porque están en la zona pagados por la empresa minera.

La justicia exige que todos seamos tratados con igualdad ante la Ley, y que los derechos de todos sean reconocidos. Lamentablemente en nuestro país la justicia se ha convertido en un bien de lujo, accesible solo a aquellos que cuentan con poder económico. En Tierra y Libertad - Frente Amplio, creemos que es hora de poner fin a esos abusos cometidos contra el pueblo. Por eso exigimos que el gobierno peruano ponga fin a los abusos de la minera Yanacocha contra la familia Chaupe. Para ello es necesario que termine el convenio de prestación de servicios que la Policía Nacional del Perú mantiene con dicha minera. Además, exigimos que se ponga fin al intento de imponer a la fuerza el proyecto minero Conga y que además se hagan efectivas las medidas cautelares pedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las cuales el Estado peruano debe dar custodia policial para proteger la seguridad de doña Máxima Acuña y su familia, y no como ocurre hoy que la policía en la práctica actúa a órdenes de la minera que le paga.

Por último, hacemos un llamado de solidaridad a todos y todas las ciudadanas que quieren luchar por un país justo y con igualdad para todos. Los llamamos a unirse a la campaña de apoyo a la Sra. Máxima Acuña, a traves de acciones, vigilias, plantones, mingas de trabajo. Seamos un gran río de lucha y esperanza!

#FueraYanacocha
#Conga No Va!
#MaximaDignidad
#Todos somos Máxima

Datos

Hace 22 años, el  5 de abril de 1992 a las 10 de la noche, las  señales de radio y televisión en todo el país se interrumpieron para  dar paso al mensaje de la nación del entonces presidente Alberto Fujimori. Esa noche Fujimori anunciaba al país la inmediata disolución del Congreso de la República, el otorgamiento de todos los poderes legislativos a la Presidencia, así como la suspensión de gran parte de la Constitución; todas estas justificadas como medidas extraordinarias para superar la crisis política institucional que entonces se vivía en el país. Antes de que  terminara la transmisión los tanques del ejército ya marchaban al Congreso y escuadrones militares eran enviados a las casas importantes periodistas y políticos opositores al régimen, como fue el caso de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer quienes fueron secuestrados. Otros escuadrones se dirigían a los principales medios de comunicación buscando silenciarlos. En otras palabras, Fujimori había decretado la disolución de la ya debilitada institucionalidad democrática. Y así nació una de las últimas y más sanguinarias dictaduras de nuestro país.



Hoy, 22 años después, el dictador se encuentra preso por sus crímenes, aunque sigue gozando de indebidos privilegios producto del poder político que detenta su partido y la debilidad del gobierno. El fujimorismo sigue buscando por todos los medios, la anulación de la justicia, la liberación del ladrón y asesino, la negación de sus crímenes y la política del borrón y cuenta nueva.



Recordar y denunciar el 5 de abril es parte de la lucha contra la impunidad y por la democracia, tarea permanente ante la cual no podemos nunca bajar la guardia. La libertad y la democracia no son derechos que podamos dar por descontados. Por el contrario, son derechos que reclaman de permanente reafirmación.



Al recordar y condenar el 5 de abril, también le estamos diciendo a un Alan García que se considera intocable y que no será impune por siempre que Fujimori también se sintió intocable alguna vez, pero que hoy está merecidamente preso. Los que queremos afirmar y profundizar la democracia, al recordar y condenar el 5 de abril le estamos diciendo a Keiko Fujimori que los peruanos y las peruanas rechazamos su pretensión de acceder a la presidencia de la república para liberar a su padre y para volver a los tiempos de la dictadura, del robo y del asesinato.



¡Ni olvido, ni perdón: sanción a los culpables!



Basta ya de Corrupción!



Basta ya de Impunidad!





Lima, 04 DE ABRIL DE 2014.

3 de abril de 2014


El Frente Amplio reafirma: Unión Civil Ya



El Frente Amplio, ante el próximo debate de la ley de unión civil no matrimonial para parejas del mismo sexo que se realizará la próxima semana en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, manifiesta a las y los peruanos:



1.    Reiteramos nuestra apuesta por la vigencia irrestricta de todos los derechos humanos de todas las personas, que implica inobjetablemente el reconocimiento de todos los derechos sin distinción por orientación sexual o identidad de género, por lo que respaldamos la UniónCivil.



2.    Saludamos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la Defensoría del Pueblo, cuyos informes técnicos confirman que la UniónCivil tiene fundamento constitucional y forma parte de las obligaciones pendientes del Estado peruano con millones de ciudadanas lesbianas, trans, gais y bisexuales de nuestro país.



3.    Rechazamos la estrategia fujimorista encabezada por Martha Chávez y Julio Rosas de pretender reducir la UniónCivil únicamente a derechos patrimoniales negándole a las parejas homosexuales el reconocimiento como familia y los derechos derivados de esta consideración: visitas hospitalarias, decisiones médicas de emergencia y sobre los restos del compañero civil, entre otras.



4.    Repudiamos la propuesta inconstitucional del cardenal Cipriani de someter la aprobación de la UniónCivila un referéndum dado que  los derechos humanos no responden a las lógicas de mayorías y minorías, sino de justicia., olvidando además el señor Cipriani de que vivimos en un Estado Laico y no debe buscar que la iglesia injiera en las decisiones de dicho Estado.



5.    Participaremos en la Gran Marcha por la Igualdad rumbo a la aprobación de la UniónCivil e invitamos a todas las familias del Perú a ser parte de este acto de celebración del amor y la esperanza de un país en el que todas las familias puedan ser felices bajo la protección del Estado.



Frente Amplio

PRONUNCIAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD



TODO NUESTRO APOYO A LA MARCHA CIUDADANA POR LA SEGURIDAD CIUDADANA CONTRAS LAS MAFIAS Y LA IMPUNIDAD



La Confederación General de Trabajadores del Perú, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Cámara Peruana de la Construcción y diversas organizaciones y ciudadanos han convocado para el día de hoy 3 de abril a una gran Marcha por la seguridad ciudadana contras las mafias y la impunidad. Nos sumaremos a esta Marcha partiendo desde la Plaza Bolognesi a las 2:30 pm.

Los trabajadores y los empresarios de la construcción están enfrentando hace ya un buen tiempo una ofensiva de mafias criminales que cobran cupos y extorsionan a los empresarios. En este proceso, han asesinado a dirigentes sindicales honestos y consecuentes buscando controlar los sindicatos de construcción civil en diferentes partes del país, con el apoyo de personajes como el congresista aprista Mauricio Mulder. El avance de las mafias y las bandas criminales se ha extendido por el norte del país y ha alcanzado ribetes de escándalo en el gobierno regional de Ancash, donde recientemente sicarios han asesinado al ex - vicepresidente regional y ex - dirigente de construcción civil Ezequiel Nolasco.

Tierra y Libertad considera que es indispensable la unidad de empresarios y trabajadores del sector construcción y una acción eficiente y honesta de las instituciones públicas como el Ministerio de Trabajo, la Fiscalía de la Nación, la Policía Nacional y el Poder Judicial para frenar esta espiral de violencia y corrupción.

Tierra y Libertad considera que esta ofensiva de las mafias contra las organizaciones sindicales del sector construcción se da en el marco más amplio de leyes promulgadas por Fujimori que  recortan derechos fundamentales de los trabajadores a organizarse sindicalmente y negociar colectivamente sus salarios y condiciones de trabajo. Esta política neoliberal debilita la organización de los trabajadores y facilita el avance de las mafias y la corrupción.

Tierra y Libertad considera que esta ofensiva del crimen organizado se da también en un contexto en el que el Gobierno del Presidente Humala ha profundizado la criminalización de la protesta social que se inició con el Gobierno de Alan García. En efecto, el permitir el uso de armas de guerra contra la protesta social, la impunidad total para quienes maten o hieran haciendo uso no reglamentario de estas armas y la persecución a los dirigentes sociales, son graves amenazas al ejercicio del derecho a la movilización de los sectores populares.

Frente a esta situación Tierra y Libertad considera que la afirmación de los derechos humanos y laborales y el fortalecimiento de la organización social son indispensables para cerrar el paso a las mafias y el crimen organizado y para afirmar una cultura de democracia y paz en el país.



Todos Hoy a la Gran Marcha Ciudadana contra la Delincuencia y el Crimen Organizado



Por la Plena Vigencia de los Derechos Humanos y Laborales



Contra la Criminalización de la Protesta Social

10 de marzo de 2014

 UN NUEVO ATENTADO CONTRA LA POLÍTICA AMBIENTAL EN EL PAÍS  

El nuevo Ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, frente a una sala llena de empresarios petroleros, anunció hace unos días que las exploraciones sísmicas de lotes petroleros estarían  exoneradas de los hasta ahora obligatorios Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

De implementarse esta cuestionable medida sería un nuevo duro golpe que debilitará el ya precario sistema nacional de evaluación de impacto ambiental y significaría un peligroso retroceso. A estas alturas queda claro que lo que el gobierno, liderado por el ministro Castilla, ha denominado como “un conjunto de políticas para destrabar las inversiones” significa en realidad traerse abajo las escasas regulaciones ambientales y sociales.

Tierra y Libertad  expresa su rechazo a esta medida y alerta a la opinión pública, a las organizaciones políticas y sociales y al movimiento indígena, sobre esta amenaza y la peligrosa tendencia de un gobierno que viene implementando todas las medidas que exigen los grupos de poder económico que interpretan las regulaciones ambientales como meros trámites burocráticos: el argumento de la “tramitología”, utilizado por el ministro de Energía y Minas para justificar esta medida, ha sido usado permanentemente por los empresarios de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo para oponerse a cualquier intento de fortalecimiento de nuestras políticas ambientales y sociales.

Ya el año pasado se han dado medidas que debilitaron aún más los estudios de impacto ambiental, que en la actualidad se aprueban en 45 días, bajo amenaza de sanción económica a los funcionarios públicos. Igualmente, anunciadas reformas y políticas como la consulta previa para los pueblos indígenas o la creación de un nuevo sistema nacional de certificación ambiental (SENACE), están casi paralizadas o su implementación viene siendo desvirtuada.

Desde Tierra y Libertad alertamos sobre esta situación de recorte de derechos ambientales y sociales y llamamos a las fuerzas democráticas a rechazar estas medidas. Exigimos que el Ministerio del Ambiente fortalezca el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y no permita que se lo debilite y que asuma su rol de autoridad ambiental del país.

A estas alturas suena a broma de mal gusto que el 2014 haya sido denominado por este gobierno como el “Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático”. En un año en el que en el Perú se desarrollará la COP 20, parece ser que este gobierno pretende seguir retrocediendo y debilitando aún más el ya precario sistema nacional de gestión ambiental.

Frente a esta grave amenaza desde Tierra y Libertad exigimos:

 Que no se exoneren los estudios de impactos ambientales a las exploraciones petroleras y una rectificación pública del ministro de Energía y Minas.

 Fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación de Impactos Ambientales y ampliar los plazos para la aprobación de los EIA, volviéndolos más rigurosos y exigentes.

 Tierra y Libertad llama al conjunto de fuerzas democráticas del país a defender nuestro territorio, la vida y el agua.

Comisión Política Nacional
Marzo de 2014

Hoy nosotras las mujeres celebramos  un día más, la fecha histórica del 8 de marzo en que unos de los sucesos que la enmarcaron  fueron la marcha de las mujeres en la Rusia revolucionaria en las cuales exigían pan y paz.

Nuestras agendas en este siglo XXI han cambiado por que los procesos históricos y sociales lo han hecho, pero la problemática de la inequidad de género sigue latente y es lacerante.

Vivimos una realidad en la que construimos nuestro discurso en la lucha con plataformas políticas como el feminismo y los movimientos de mujeres que luchan por el agua y la vida, que desafían la sociedad capitalista, colonial, patriarcal y machista que rige nuestras vidas y fomenta los estereotipos sexuales, esa  idea de lo que significa ser mujer o ser hombre en una sociedad heteronormativa.

Las mujeres de Tierra y libertad en marzo del 2014 levantamos nuestra voz de protesta y lo hacemos como siempre con rebeldía por el archivamiento de los casos de las esterilizaciones forzadas  que afectaron a las campesinas, a las  mujeres de los sectores urbano marginales todas ellas forman parte de los sectores más empobrecidos de nuestro país.

Nos sentimos más unidas que nunca con las en la lucha por la defensa de nuestros cuerpos, territorios y ambiente en la que nuestras valerosas compañeras diariamente protagonizan los movimientos sociales en el Perú. Por ello exigimos justicia para Máxima Acuña, las dirigentes ronderas, las guardianas de las lagunas y todas las mujeres que defienden el derecho el agua y los medios de vida de las comunidades y pueblos.

Con las  campesinas, que salen con sus hijos e hijas en hombros liderando con valentía la lucha por el agua, mujer, género y naturaleza unidos a una sola voz y puño, diciendo somos dueñas de nuestros cuerpos y territorios.

Nos reafirmamos como un partido feminista.

Por una izquierda con equidad de género, diversa en lo sexual e inclusiva.

Las mujeres de Tierra y libertad unidas todas por la construcción del  Frente Amplio.


7 de marzo de 2014
Comité de mujeres de Tierra y Libertad.

19 de febrero de 2014

 Tierra y Libertad repudia sentencia judicial contra defensores del Valle de Tambo

Una vez más el Poder Judicial demostró que actúa apoyando los abusos de las empresas mineras. El martes 18 de febrero el juez Elber Campano Espejo sentenció a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida a seis dirigentes del Frente de Defensa del Valle de Tambo, provincia de Islay, región Arequipa.

La sanción judicial afecta a Pepe Julio Gutiérrez Zevallos, Jaime de la Cruz Gallegos, José Luis Chapa Díaz, Efraín Puma Puma, Milton Abramonte Cienfuegos y Rubén Quispe Colla.

El juez les acusa de ser coautores del delito de “entorpecimiento de servicios públicos” y sustenta su decisión en que fueron dirigentes de la huelga indefinida realizada los días 14 al 19 de abril del 2010 en rechazo al proyecto minero Tía María, propiedad de la transnacional Southern C.C. Sin embargo, dicha protesta era justificada: el EIA - Estudio de Impacto Ambiental de este proyecto fue anulado el 2011 por el gobierno de Alan García tras recibir más de 100 observaciones críticas por parte de las Naciones Unidas (UNOPS).

Esta sentencia contra los dirigentes de los pueblos agricultores de Islay significa un abuso más del gobierno de Ollanta Humala en su intento de imponer nuevos proyectos extractivos sin importarle los desastres ambientales que ocasionaría una mina que explote cobre a tajo abierto en la zona. La sentencia busca impedir nuevamente (ya lo hicieron el 2010) que los líderes sociales se presenten como candidatos en las próximas elecciones municipales, sin importarles atentar contra la democracia. Lo hacen porque la Southern y el gobierno saben que serían ganadores de la contienda electoral.

Estas poblaciones, además de la huelga del 2010, realizaron una consulta ciudadana que rechazó por abrumadora mayoría (92%) la instalación del proyecto Tía María o de cualquier otra mina en el Valle de Tambo, para defender el agua de la contaminación con sustancias tóxicas.

Pese a ello, dos años después el Ministerio de Energía y Minas acepta a trámite un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por el cual la transnacional Southern insiste en llevar a cabo su ambicioso negocio cuprífero. Al abuso se suma la burla a las leyes internacionales y a la propia Constitución cuando la empresa Southern con respaldo oficial lleva a cabo fraudulentas reuniones de “consulta social”, con represión de la población que denuncia el engaño, para justificar una supuesta aprobación del nuevo EIA sin que este pueda ser evaluado seriamente por la población.

Todas estas burdas maniobras del gobierno y la transnacional Southern han provocado el reinicio de la protesta social que el Ejecutivo ha reprimido con cientos de policías en tres ocasiones.

En este contexto, la infame condena de la mal llamada “justicia peruana” contra los líderes sociales defensores del agua y la vida en Islay, constituye un escalón más del proceso autoritario del Ejecutivo y las transnacionales para imponer los proyectos extractivos. Para ello han dado leyes que garantizan impunidad a los integrantes de las FFAA y FFPP que maten durante la represión de protestas sociales mientras que busca encarcelar a los dirigentes de esas luchas. Esta es la situación que han enfrentado y siguen enfrentando los luchadores sociales y políticos críticos de Conga en Cajamarca, Xstrata en Espinar y Cañariaco en Lambayeque, y que ahora enfrentan los luchadores políticos y sociales en Arequipa.

Como en los casos anteriores, estas acciones de amedrentamiento legal no tendrán éxito. Como en los casos anteriores, se trata de pueblos y dirigentes convencidos de la justicia de sus luchas en defensa del ambiente y la vida y de la búsqueda del bienestar por vías alternativas al extractivismo que se les quiere imponer.

Tierra y Libertad manifiesta su total rechazo a la sentencia judicial y llama a la lucha por su anulación; y reafirma su solidaridad con los pueblos de Islay y sus dirigentes. Así mismo, reafirma su apoyo a la lucha en defensa de las fuentes de vida, de las actividades agropecuarias de las familias campesinas y del derecho de los pueblos a decidir su propia forma de vida en sus territorios.

Tierra y Libertad está profundamente comprometido con las luchas populares del valle de Tambo contra la imposición del Proyecto Minero Tía Maria.


Tierra y Libertad denuncia y condena enérgicamente esta acción judicial de amedrentamiento contra Pepe Julio Gutierrez y los demás dirigentes del Frente de Defensa del valle de Tambo


Tierra y Libertad anuncia que recurrirá a todas las vías legales nacionales e internacionales  para denunciar esta acción y exigir se anulen estas injustas sentencias


Tierra y Libertad anuncia que seguirá apoyando incondicionalmente la resistencia del pueblo del valle de Tambo contra un proyecto minero que ya causó demasiado conflicto, demasiada muerte, demasiado dolor.


Abajo el amedrentamiento a los luchadores sociales del valle de Tambo


¡Abajo la fraudulenta consulta social de la Southern y el Gobierno!

¡Respeto a la decisión soberana de los pueblos!


Tia Maria NO VA


Lima, 19 de febrero de 2014
Comisión Política Nacional

DEMOCRACIA TAMBIÉN ES EL DERECHO A DECIDIR SOBRE EL MODELO DE DESARROLLO Y EL DESTINO DE NUESTROS TERRITORIOS 

No a la criminalización mediática y judicial de líderes sociales y
defensores de derechos humanos 

Nuestra precaria democracia se ve amenazada por la criminalización de la protesta social, que ha traído consigo violaciones a los derechos de ciudadanos y ciudadanas peruanas. No se admite la discusión y menos aún la participación de la ciudadanía en la definición del modelo de desarrollo que impacta nuestras vidas, nuestros territorios y nuestros bienes públicos. Al mismo tiempo, asistimos a una importante concentración y recentralización del poder político, económico y mediático y se pretende responsabilizar a la ciudadanía movilizada de lo que más bien ha sido originado por la ausencia de políticas públicas adecuadas, por la flexibilización de los mecanismos de regulación ambiental a las industrias extractivas, por el uso de formas tramposas para imponer la licencia social, y por la ausencia de planificación territorial y mecanismos democráticos a través de los cuales la población delibere y se exprese para que no se generen conflictos.

En las últimas semanas ha arreciado una campaña mediática que pretende responsabilizar de una serie de absurdos a quienes discrepan con la imposición de este modelo de desarrollo y plantean alternativas. Se les acusa de "azuzar" a la población para oponerse a determinados proyectos extractivos y fomentar la criminalidad.

A todo el que organice su voz disidente se le mezcla en una misma bolsa con el Movadef, los seudo sindicatos extorsionadores de construcción civil y con la minería ilegal, escondiendo el hecho que históricamente los activistas, líderes y militantes de izquierda movilizados siempre han enfrentado al senderismo, son víctimas de la mafia seudosindical y que la minería ilegal obtiene grandes ganancias debido a sus relaciones con la empresas mineras formales.

La ofensiva también va contra los gobiernos descentralizados, muchos de los cuales, con defectos y virtudes, han contenido la conflictividad social y respondido a muchas de las demandas de las poblaciones a las que se deben. No solo se trata de los recortes del canon que no terminan de ser transparentes, sino además de la discrecionalidad con que hace uso de dichas medidas el Ministerio de Economía y Finanzas, con la intención clarísima de debilitar a los gobiernos subnacionales y locales en vez de fortalecer sus competencias. A ello se debe agregar la privatización de los ingresos por las actividades extractivas, así como la privatización de las obligaciones del Estado, a través de impuestos por obras que son dadas como dádivas por las empresas, o la poca transparencia en las alianzas público-privadas.

En este panorama, nuestro compromiso consiste en promover el debate y la implementación de herramientas y políticas que permitan superar el desorden y la conflictividad, tales como el ordenamiento territorial, la consulta previa acorde a estándares internacionales, la fiscalización ambiental rigurosa y otros, y construir colectivamente una alternativa a este modelo de desarrollo y a este régimen político.

Expresamos nuestra solidaridad con quienes resisten día a día la imposición de este modelo de desarrollo de forma organizada, desde los territorios a los que han dado forma con su trabajo y su cultura, y de cuya naturaleza se han nutrido. Levantamos el ejemplo de los ronderos y organizaciones cajamarquinas, del pueblo de Espinar y sus federaciones campesinas, de las federaciones indígenas del Tigre, Pastaza y Corrientes, de los Apus del pueblo Achuar y su lucha por el territorio integral, de los agricultores de Islay que defienden sus fuentes de agua, de los pobladores de Morococha, del pueblo de Paramonga que lucha contra la contaminación industrial, de las comunidades de Cañaris, de los pueblos awajun y wampis y tantos otros ejemplos de dignidad y resistencia.

12 de febrero, 2014

 12 de febrero de 2014
¡Exigimos Aumento General de Sueldos y Salarios desde una Perspectiva de Equidad!


Nuevamente el Estado se burla de los ciudadanos y las ciudadanas.

La Sra. Erasma tiene 72 años y trabajó por más de 20 años en el Estado. Al cumplir 70 la cesaron por límite de edad. Al solicitar su pensión de jubilación, le informaron que no tiene derecho a acceder a ella porque durante los últimos años su empleador, realizó los aportes sobre una remuneración menor a la Remuneración Mínima Vital.

Mientras la Sra. Erasma no recibirá pensión de jubilación por tener ingresos menores a la remuneración mínima vital, los Ministros, Vice Ministros, Directores, entre otros funcionarios de confianza, acaban de recibir un incremento de 100% a sus haberes mensuales a través del D.S. Nº 023-2014-EF. Sin bien el Estado requiere gestar una burocracia estatal basada en la meritocracia y eficiencia, requiere –sobretodo- equidad en las relaciones laborales y en la estructura sala rial dentro del Estado.

Este decreto refuerza el concepto de que el manejo del Estado debe estar siempre en manos de una tecnocracia de lujo que se mueve entre el Estado y el sector privado, que solamente esta tecnocracia sabe lo que hay que hacer y que debemos pagarle igual o más que si estuviese en una gran corporación privada o en un organismo multilateral, sin poner en evidencia la lógica perversa de colocar los intereses privados como si fueran los públicos.

Este decreto no promueve ni eficiencia ni reforma del aparato estatal, sólo pone en evidencia el indignante manejo del Estado sobre la estructura salarial existente en el sector público, generando más inequidad y más desigualdad pues donde un maestro gana S/. 1,200, un vice ministro gana S/. 28,000 soles, donde un policía gana S/. 1,500, un secretario general de ministerio gana S/. 25,000.  

El D.S. Nº 023-2014-EF profundiza la desigualdad existente al interior del aparato estatal y es una bofetada para los/las trabajadores/as de varios otros sectores de la administración pública que incansablemente siguen reclamado por mejoras salariales y laborales, a los que consistentemente se les ha respondido que en aras del equilibrio fiscal y de una lógica sostenida de austeridad, no es posible incrementos salariales bajo ninguna forma o medio, aunque ello implique violación a derechos constitucionales como la negociación colectiva.  

Consideramos que es urgente una reforma integral del Estado, y en ese marco, una reforma salarial en el sector público. Pero –y con la misma convicción- consideramos  que esta reforma debe de hacerse desde una perspectiva de meritocracia y de equidad. Ni la reforma del Estado, ni la del servicio civil, empiezan aumentando los sueldos a quienes ya ganan más. La reforma del Estado debe empezar mejorando las condiciones de esa mayoría de funcionarios que hacen posible el funcionamiento de los servicios públicos a los que todos y todas tenemos derecho a acceder.



 ¡No a la duplicación de salarios en las altas esferas del gobierno!

¡Exigimos cumplimiento inmediato de compromisos salariales para médicos, policías, profesores y servidores públicos en general! 
  


Comisión Política Nacional Tierra y Libertad 
Lima, 12 de Febrero, 2014