lunes, 7 de abril de 2014
Las comunidades campesinas y amazónicas tienen derecho a la consulta previa
de acuerdo al Convenio 169 de la OIT
Los derechos indígenas, entre ellos el de consulta y consentimiento previo, libre e informado están reconocidos en el Convenio 169 de la OIT que es parte del cuerpo constitucional del Perú por ser norma internacional de derechos humanos y tiene vigencia en nuestro país desde 1995.
Sin embargo, recién en el 2011 se aprueba una ley nacional para aplicarla, como resultado de las luchas desarrolladas por las comunidades amazónicas, organizaciones campesinas y pueblos rurales del país, con el “baguazo” como repudiable acto criminal ejecutado por Alan García, autor de la tesis del “Perro del Hortelano” para denigrar a las comunidades y justificar su represión.
A casi dos años de haber promulgado la Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas, Ollanta Humala ha decidido burlarla, retomando abiertamente la política de García de intentar perpetuar la vieja relación tutelar colonialista que la república heredó del poder español respecto a los pueblos originarios.
El gobierno oculta la base de datos que da cuenta de la existencia de los pueblos indígenas en todo el país y niega esa condición a las comunidades campesinas de la costa y sierra, en particular a las comunidades de Cañaris, en Lambayeque, que demandan el retiro del proyecto minero canadiense Cañiaraco.
Solo reconoce como indígenas a las comunidades de la selva, pero incluso a estas les retacea el derecho de consulta, como en Condorcanqui, en la región Amazonas, porque denuncian la presencia ilegal de la empresa petrolera francesa Maurel et Prom; y en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, en Loreto, donde la consulta fue anunciada pero ahora se niega para dar pase libre a los nuevos contratos de explotación de hidrocarburos en el Lote 1AB.
Demostrando mala fe, Humala pretende que solo se aplique la consulta previa a los pueblos no contactados, para lo cual el Estado tendría que forzarlos a establecer contacto con la sociedad desarrollista de la que se mantienen alejados para preservar su modo de vida.
De este modo, se continuarán aplicando las limitadas leyes de participación ciudadana que son simples formulismos de talleres informativos donde se legaliza la tramposa licencia social.
El grave retroceso del gobierno es el resultado de su postración vergonzosa ante los intereses mineros y extractivos en general que dominan a sus anchas la política nacional desde el autogolpe de Alberto Fujimori de 1992.
Se pretende ahora justificar esta postura bajo el argumento de la necesidad de promover la inversión ante una desaceleración de la economía; pero en el primer trimestre del año la inversión minera ha crecido 29%, mientras lo que decrece es la industria manufacturera, uno de los sectores que junto con el agro, el turismo y las pymes no reciben apoyo y debieran priorizarse.
En vez de optar por una alternativa de diversificación productiva, el gobierno se dispone a profundizar la mercantilización de la naturaleza a partir de la mayor sujeción de la economía nacional a los intereses de los países importadores de materias primas. En el Perú las concesiones mineras cubren el 49% del territorio nacional, y el 75% de la selva amazónica se encuentra concesionada para extracción de petróleo, lo cual es una grave amenaza contra las fuentes de vida de los pueblos originarios y de amplias poblaciones rurales y urbanas a lo largo y ancho del país.
El cambio brusco de timón hacia el desconocimiento del derecho a la consulta indígena traerá consecuencias serias en la conflictividad social. Las comunidades y pueblos afectados no tendrán otro recurso que la resistencia en sus territorios, al igual que lo hicieron los pueblos de Tambogrande, Huancabamba y Ayabaca, Islay, Celendín y Bambamarca, Puno y otros en los cuales la lucha ha impuesto la solución.
Llamamos a redoblar la solidaridad con todas las luchas que buscan justicia ambiental y social, en particular con la de Cajamarca contra el proyecto minero Conga y con la de los comuneros quechuas de Cañaris que exigen el retiro del proyecto minero Cañiaraco de sus tierras. Así mismo, demandar el cese de la persecución a los dirigentes y luchadores por el agua y la vida, y que se ponga fin a los convenios de la Policía nacional con las empresas extractivas.
Exigimos al gobierno respete las normas constitucionales y lleve a cabo de buena fe los procesos de consulta previa a las comunidades y pueblos indígenas que sean necesarios al amparo del Convenio 169 de la OIT, empezando por reconocer a la comunidad San Juan de Cañaris su condición de pueblo originario. Así mismo, ordene al Ministro de Cultura publique de inmediato la Base de Datos de Pueblos Indígenas y abra un proceso de consultas sobre la misma de cara a la opinión pública.
Respaldamos la demanda de las organizaciones indígenas del Pacto de Unidad para que la Ley de Consulta Previa y su Reglamento sean modificados y se ajusten a lo que ordenan el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre conflictos entre pueblos indígenas y los Estados.
22 de mayo del 2013
Comisión Política Nacional de Tierra y Libertad
