Publicado por : Tierra y Libertad lunes, 7 de abril de 2014

22 de mayo de 2013
El Gobierno aprobó el Decreto SupremoD. S. Nº 054-2013-PCM que atenta contra el patrimonio cultural arqueológico al simplificar –mediante la aplicación del silencio administrativo positivo a los pedidos de Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) – los procedimientos para que la empresa privada y el Estado mismo certifiquen que no existen sitios arqueológicos en las zonas en donde se quiere desarrollar proyectos de inversión.


En el escenario actual, cuando apenas 10% del patrimonio cultural está adecuadamente inventariado y el Ministerio de Cultura no tiene el personal ni los recursos operativos elementales para certificar en apenas 20 días la inexistencia de restos arqueológicos, esta medida significa en la práctica que dicho ministerio aprobará de manera automática todos los proyectos que le sean consultados.

El argumento presentado es la necesidad de reducir trabas a la inversión privada, la misma tesis que se ha usado en semanas recientes para no poner en práctica la consulta previa a los pueblos indígenas de los Andes y la Amazonía sobre políticas y proyectos que les afecten y, de esa manera, facilitar la implementación de grandes inversiones mineras a lo largo y ancho del país. Desde el segundo gobierno de Alan García se tenía indicios claros de esta intención que atenta contra el patrimonio, a partir de declaraciones explícitas del ex presidente (recordemos el famoso «ensayo» del Perro del hortelano y otras intervenciones) y de algunas autoridades del entonces Ministerio de Cultura. Ahora el atentado se concreta en el gobierno de Humala para continuar con el modelo imperante.

Esta norma –que vulnera las obligaciones internacionales contraídas por el Estado peruano (Perú es Estado Miembro de la UNESCO y firmante de otros protocolos internacionales) de proteger un recurso que pertenece a todos los peruanos y peruanas– es una nueva expresión del sometimiento del Gobierno del Presidente Humala al reclamo de los empresarios mineros de darles más facilidades a sus inversiones para compensar la baja de los precios internacionales del cobre y el oro. En perspectiva más amplia, expresa también la continuación del modelo económico rentista y extractivista que favorece al gran capital sin importar los intereses nacionales, entre estos el patrimonio cultural.

A pesar de ser miembro de UNESCO, el gobierno peruano ha permitido la realización del Rally Dakar el cual causó cuantiosos daños al patrimonio arqueológico y paleontológico no solo en Perú sino también en Argentina y Chile, siendo este un espectáculo actualmente erradicado en países del primer mundo. A pesar de esto el gobierno ha permitido nuevamente la presencia de este en el 2015. Recordemos también que el Proyecto Minas Conga carece de CIRA para su área de ejecución y, a pesar de ello, tiene permiso para operar. Estos y otros casos violan abiertamente la esencia del artículo 21 de la Constitución Política y las cartas internacionales, así como las atribuciones del propio Ministerio de Cultura.

Para Tierra y Libertad, el patrimonio arqueológico no puede ser considerado un obstáculo para las inversiones ni para el bienestar de las mayorías. Consideramos más bien que el patrimonio arqueológico es parte de la identidad de los pueblos y tiene enorme potencial como generador de actividades empresariales populares que brinden alternativas de empleo e ingresos sostenibles en zonas rurales.

En consecuencia, Tierra y Libertad insta al Ministro de Cultura, Luis Peirano, al Primer Ministro, Juan Jiménez y al Presidente Ollanta Humala a:

– La inmediata derogatoria del Decreto Supremo D. S. Nº 054-2013-PCM.

– La apertura de un diálogo con los profesionales del ramo sobre medidas para mejorar la capacidad y eficiencia el Ministerio de Cultura, para responder a los requerimientos de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos por parte de los inversionistas privados y del propio Estado. Así también derogar la absurda prohibición de parte del Ministerio de Cultura que impide a un profesional en arqueología firmar más de un proyecto al mismo tiempo, práctica que solo incentiva la distorsión del ejercicio profesional y del compromiso ético de proteger el patrimonio cultural.

– El fortalecimiento presupuestal, operativo y técnico del Ministerio de Cultura para avanzar hacia el inventariado total del patrimonio arqueológico nacional.

– Un plan nacional de inversiones que ponga en valor el patrimonio arqueológico nacional.

– Un plan nacional de promoción de actividades empresariales populares asociadas a la puesta en valor del patrimonio cultural.

Tierra y Libertad considera que una gestión sostenible de nuestro invalorable patrimonio cultural y natural es un aspecto fundamental de una propuesta de bienestar que involucre y favorezca equitativamente a los hombres y mujeres del Perú, formando parte de la diversificación de las potencialidades que posee el país para su aprovechamiento social y económico en el que participen responsablemente la inversión privada y pública.

La apuesta por el Buen Vivir se basa en el uso sostenible de nuestros recursos, y nuestro patrimonio arqueológico y cultural es parte de esos recursos, de ese capital único que debemos aprender a usar de manera sostenible para el logro del bienestar material y el fortalecimiento de la identidad y dignidad de las grandes mayorías y las futuras generaciones.



Comisión Política Nacional de Tierra y Libertad
Miércoles 22 de mayo de 2013


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